Defensa legal del Campestre de Tijuana contra el decreto de expropiación

  • No se puede invadir la propiedad privada por decisiones políticas; se afecta a más de 800 familias en un club que genera alrededor de 1,200 empleos directos e indirectos

POR MAURO FLORES LEDESMA

Después de que el pasado 13 de abril, se publicara en el periódico Oficial de Baja California, el decreto por el cual el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, hizo la declaratoria de “Utilidad Pública” del predio donde se ubica el Club de Golf Campestre de Tijuana, que no es otra cosa que la expropiación de dichas instalaciones, con el pretexto de construir un Complejo Interactivo, el consejo directivo del Club informó, en conferencia de prensa presencial y virtual, que emprendió ya las acciones legales correspondientes para evitar dicha expropiación, la cual fue señalada como revancha política y una acción carente de sustento.

Esta mañana, el presidente del consejo, Mario Gastón Toledo, indicó que el intento de expropiación afecta a más de 800 familias que asisten al Club Campestre desde hace 73 años.

Anotó que actualmente el club genera 225 empleos directos y más de 1,000 indirectos, y que mienten quienes afirman que no son los legítimos dueños, pues cuentan con los documentos que avalan la titularidad del inmueble.

“Como presidente del Club Campestre quiero que quede claro, fui electo, como todos mis antecesores, para dirigir y administrar las actividades que un club requiere, pero hoy tengo la obligación moral de dirigir y presidir la legal defensa de un espacio que nos pertenece a todos y cada uno de los socios y no pararé hasta entregarles un resultado positivo”, expresó Toledo Castillo.

DECRETO DEFICIENTE

En tanto, el Dr. Adolfo Solís Farías, abogado del Club Campestre de Tijuana, señaló que el decreto con el que se pretende expropiar el inmueble tiene deficiencias técnicas y que carece de sustento legal. “El Club se ha visto mermado en sus bienes y derechos, hubo manipulación y alteración a las partidas registrales, lo que ya está denunciado ante los jueces federales y tendrá que revertirse”, argumentó.

Asimismo agregó que ya se tomaron acciones legales y se va a comprobar la  improcedencia de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, misma que se publicó con modificaciones el pasado 25 de enero de 2021, donde se señala que un bien expropiado constituirá un bien de dominio público, el cual podría ser concesionado, sin licitación, por lo que solo se busca el beneficio de una sola persona.

Además, el Dr. Adolfo Solís resaltó que la titularidad, en el reglón de propietario, estaba el Club Campestre de Tijuana, pero después de la modificación apareció el nombre del secretario de desarrollo urbano.

“Se borraron partidas registrales donde, casualmente, se acredita la propiedad, y se crearon dos gravámenes inexistentes e injustificados; esto ya está ante jueces federales que tienen protegido al club para que no se hagan mayores manipulaciones”, precisó.

Mientras tanto, el licenciado Roberto Quijano Sosa, representante de los socios y vocero del Club Campestre de Tijuana, refirió que la indemnización por el inmueble, de acuerdo con los valores, sería de 1,500 millones de pesos, lo que equivaldría a más del 20% del presupuesto de la ciudad.

“El punto 27 del decreto dice: el mantenimiento, recuperación y mejora de espacios existentes deberá tener mayor jerarquía que la creación de nuevos espacios públicos, entonces que le den mantenimiento a los más de 200 parques que están en total abandono”, sentenció.

Finalmente, enfatizó que el decreto apesta a revancha política y no a un reclamo social, y pidió que así como Club Campestre ha sido respetuoso de las leyes y sus reglamentos, que la autoridad haga exactamente lo mismo.

En la conferencia de prensa estuvieron socios del Club Campestre, pertenecientes a familias fundadoras, como el licenciado Gilberto Fimbres Hernández y Clara Huerta Cota.

RESPALDO DE LA FMG

Apenas el pasado sábado 17 de abril, la Federación Mexicana de Golf, en voz de su presidente, Jorge Robleda, emitió un comunicado de respaldo absoluto al Club Campestre de Tijuana, en lo que consideró un atentado flagrante contra el derecho a la propiedad privada que consagra nuestra constitución y destacó los enormes beneficios que dichas instalaciones proporcionan a la comunidad tijuanense como derrama económica, creación de empleos directos e indirectos para la población y beneficios ambientales, entre otros.

La FMG se mostró esperanzada en que todo se resuelva conforme a derecho y no por consignas o caprichos y precisó que estará pendiente para que se re4staure el estado de derecho.

La FMG se unió a múltiples voces no solo en el estado de Baja California, sino en todo el país, exigiendo que pare esta bochornosa situación. La propiedad privada es también un derecho no un lujo y quien trabaja duro para que su familia viva mejor, tiene todo el derecho de conseguirlo.

Enhorabuena por los socios y directivos del Club Campestre de Tijuana por emprender la defensa de esas instalaciones.

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